Por Diana Maldonado Lasso.
Ecuador es un país sudamericano, profundamente religioso. A pesar de ser laico, sus asambleístas siguen, de forma insistente, planteando y aprobando leyes con una profunda visión moral basada en la religión; tanto así, que a puertas de nuevas elecciones presidenciales tenemos como candidato a un pastor evangélico que ha dicho como, parte de su campaña, que Ecuador está cómo está por la falta de moral religiosa.
Debido a esto, no es de extrañarnos, que en junio de 2020 se haya aprobado una ley que prohíbe el consumo de cualquier droga no legal en espacios públicos.
Bueno, alguien diría que eso no tiene algo de malo, que por el contrario, es súper positiva. En realidad, como nada es como lo pintan, esta ley vulnera y afecta derechos humanos.
Veamos…
Antes de esta ley existió la Tabla de Tenencia de Drogas. Esta tabla era muy importante porque marcaba la diferencia entre un usuario y un microtraficante. A pesar de no haber evitado la criminalización de muchos usuarios de cannabis, sirvió, en algunas ocasiones, para impedir que muchos fueran condenados y terminaran encarcelados. Con la aprobación de la ley, la tabla desapareció.
Los municipios podrán sancionar a aquellas personas usuarias de cannabis, por ejemplo, por el simple hecho de que les guste una planta. Te podrán llevar ante un policía y él, en un acto en el que sería juez y jurado, tendrá la potestad de determinar si aprehenderte o -si en ese momento lo expresas- recomendarte ingresar a un programa de rehabilitación aunque no lo necesites porque de otra manera no podrás salir de ese lío. Tu automía, tu libertad, el poder tomar decisiones libres de amenazas o presiones, el desarrollo libre de la personalidad y otros derechos que como usuarios nos asisten ¿dónde quedaron?.
Los docentes, gracias a esta ley, se convertirán en una especie de policías escolares, obligados a denunciar a las autoridades si alguno de sus alumnos es usuario de drogas no legales. Los pedagogos no tenemos esa tarea; la nuestra es instruir, educar y ayudar a los alumnos en su aprendizaje, no juzgarlos ni condenarlos. Esta visión adultocéntrica vulnera derechos como el de la privacidad, por citar alguno.
Incluso antes de ser publicada la ley, se podía ver en las redes sociales de la Policía Nacional y de la Metropolitana, imágenes de aprehensiones de personas, con medio porro fumado en sus manos, acompañadas de la oración “trabajamos por tu seguridad”. ¿En serio es así?
La situación de mi país no es muy diferente a la situación de otros países frente al cannabis. Sabemos que la conocida guerra contra las drogas ha sido una guerra hacia las personas cannábicas (en este ejemplo puntual), hacia las personas en situación de pobreza, hacia aquellas personas que no tienen un espacio privado para disfrutar de sus flores. Esto nos ha llevado a la clandestinidad, a sentirnos avergonzados porque nos guste una planta tal como podemos disfrutar de la albahaca, las hamburguesas o un género musical.
El debate sobre la liberación total del cannabis debe ser un debate científico, basado en evidencias y estudios académicos, no debe responder a una visión moral sino ética y de respeto por los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas, respectivamente.
Por Diana Maldonado Lasso. Para Cannalatino
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